Viernes, 30 Septiembre 2022

O Opinión

La reforma eléctrica: ¿Un golpe para la economía nacional, la competitividad y una violación para los tratados internacionales firmados por México?

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José Andrés Pérez

Una nueva controversia del gobierno federal está en puerta. Se trata de la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha presentado a la Cámara de Diputados para su discusión y en su caso, aprobarla o rechazarla.  

El presidente piensa que la reforma, es la estrategia correcta para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad CFE, la cual permitirá mejorar el mercado de los energéticos en el país, en beneficio de la sociedad y de las empresas. 

En el lado opuesto, el sector empresarial y financiero nacional, en la voz de Citibanamex, la COPARMEX, la CONCAMIN, el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, e incluso de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos entre otros, ven en ella un duro golpe a la economía familiar y a la competitividad de las organizaciones, especialmente en aquellas que utilizan energía eléctrica de manera intensiva en sus procesos productivos, debido a que prevén una inminente alza en los costos de la tarifa de la luz. 

La iniciativa plantea cambios en los artículos 7, 25 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la intención de que la CFE sea la única entidad autorizada para comercializar la energía eléctrica en el país, además de ser la administradora del sistema eléctrico nacional. Para lograrlo se propone, disminuir la participación de la inversión privada en la generación energética, desparecer a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); también propone, reincorporar al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) a la CFE, con lo cual, se configura un monopolio energético que estará en manos de la paraestatal, quien a juicio de los expertos, -por sus condiciones de operación en la actualidad-, será incapaz de brindar los servicios de calidad que requiere el sector empresarial, para lograr ser más productivo, rentable y competitivo. 

La reforma no solamente favorece la creación de un monopolio, también cierra la puerta a las inversiones de particulares nacionales y extranjeros, quienes generan energía barata y limpia, debido a que la reforma prioriza para su producción, el uso de combustibles fósiles que encarecen el servicio y favorecen la contaminación.  

Al ser la generación de energía un detonador en la producción de cualquier bien, el inminente incremento de la tarifa eléctrica, obligará a las empresas nacionales y extranjeras a incrementar sus costos de producción y en la misma medida, subirán los precios de los productos. Con ello, se afectará negativamente la competitividad de las organizaciones, además de que las familias recibirán otro duro golpe a su bolsillo. Muchas empresas locales cerrarán sus puertas, mientras que las internacionales, migrarán a otro país que les ofrezcan mejores condiciones de operación. El resultado será la pérdida de empleos para miles de mexicanos y la posibilidad de que los inversionistas del mundo, ya no piense en México en el momento de buscar un país que las acoja y que les brinde seguridad a sus inversiones.    

Así mismo, esta reforma va en contra del estado de derecho de muchas empresas, a las cuales se les pretende cancelar de manera retroactiva sus contratos para producir energía, los cuales obtuvieron en base a la reforma energética de Peña Nieto del 2013. De concretarse la cancelación, habrá demandas nacionales e internacionales por parte de los afectados, que obligarán al estado mexicano a pagar liquidaciones millonarias, afectando a las finanzas públicas del país.   

Por si fuera poco, la iniciativa pone en peligro la viabilidad de T-MEC, debido a que desde la perspectiva de los norteamericanos, -desestimada por el Presidente López-, la reforma eléctrica es una “expropiación indirecta”, debido a que se trata de un acto del gobierno que tiene un efecto adverso sobre el valor económico de la inversión extranjera; en este caso particular, -sobre la de nacionalidad norteamericana-, que ha invertido en el sector energético nacional. Esta “expropiación indirecta”, viola algunos artículos del mencionado tratado.   

En el plano ambiental, México también tendría problemas, pues sería incapaz de cumplir sus compromisos en el marco del Acuerdo de París, debido a que la reforma propone utilizar recursos no renovables para la producción de energía, que son altamente contaminantes, en lugar de apostarle a las energías limpias.

De aprobarse la reforma, el costo para México sería muy alto y pocos los beneficios que se obtendrán para la sociedad y para el sector productivo. El país espera que los integrantes de la Cámara de Diputados, tomen la decisión adecuada en el momento de votarla. Los mexicanos confiamos en ellos; esperamos que su decisión de rechazarla o aprobarla, se fundamente en un análisis de las consecuencias positivas y negativas que acarrearía a la nación, y no se deba a intereses particulares o a presiones políticas. 

 Señores diputados, el futuro energético de nuestro México está en sus manos…….   

 

 

 

Noticias de Tlaxcala

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