Viernes, 30 Septiembre 2022

O Opinión

El decreto para legalizar a los vehículos “chocolate”; una nueva controversia del Gobierno Federal

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Información: José Andrés Pérez

El pasado 16 de octubre del presente, el presidente de México Andrés Manual López Obrado firmó en Ensenada, el decreto con el que dio inicio el proceso para regularizar los miles de vehículos usados de origen norteamericano, -conocidos como chocolate-, que han ingresado a los estados fronterizos mexicanos, sin contar con un pedimento de importación definitiva, que demuestre su legal estancia en el país, lo cual les da el estatus de ilegales o “chuecos”, razón por la que carecen de una autorización para circular libremente en el territorio nacional, además de que está prohibida su enajenación; sin embargo, ambas situaciones se presentan en un contexto de corrupción y de impunidad.

Con la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación 2022 y de la Miscelánea Fiscal el día 21 de octubre, queda en firme el decreto presidencial, por lo que los dueños de los vehículos chocolate, podrán regularizarlos pagando una cantidad de $2,500.00; misma que se considera como ingresos excedentes para la Federación. Sin embargo, aún queda por definirse las condiciones que se requerirán para ponerlos en regla; lo cual está a cargo de las secretarías de Economía, Seguridad Pública y Hacienda. 

Como era de esperarse, a partir de la firma del decreto, surgió la controversia en el ámbito empresarial, encabezada por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores AMDA, la COPARMEX y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; organizaciones que ven con pesimismo el impacto negativo que tendrá el mencionado decreto sobre el sector y el empleo. 

López Obrador defiende el decreto desde una óptica más social que financiera. Sus argumentos se basan en que estos coches, al no estar dentro de un padrón oficial y carecer de placas, son utilizados por la delincuencia para cometer ilícitos. El presidente también justifica, que la legalización dará certeza a las familias mexicanas de escasos recursos, que no pueden comprar un coche nuevo, para que circulen libremente por el país, sin el temor de ser detenidas y despojadas de su unidad. 

Así mismo, argumenta que el pago de los $2,500 peso no se trata de un impuesto o de un derecho, razón por la que queda fuera del sistema fiscal mexicano. Por ello, la cantidad recaudada por dicho concepto, que asciende a más de $1,300 millones de pesos, se destinará a los estados fronterizos para que la utilicen en obra pública. 

Para la AMDA el panorama es obscuro, tomando como antecedente que, en el año 2005, el entonces presidente Vicente Fox, aprobó un decreto similar, que establecía las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados de Estados Unidos. Ese año, la importación de estos modelos se disparó a 776,077 unidades, una cifra equivalente al 70% de las ventas de vehículos nuevos, que en 2005 ascendieron a 1.13 millones de unidades. En 2008, la cantidad de vehículos usados importados superó las ventas de autos nuevos en el país.

Para el gremio automotriz y empresarial, este decreto tendrá resultados similares o peores, además de que por tratarse de vehículos viejos, atenta contra el medio ambiente, es un acto de evasión fiscal por parte de los propietarios actuales; habrá una contracción en la producción de automóviles nuevos y como consecuencia bajarán las ventas, razón por la que los fabricantes dejarán de pagar el IVA, el ISR y el impuesto sobre automóviles nuevos ISAN, impactando la recaudación fiscal; la contracción del mercado automotriz, pondrá en riesgo el empleo de más de 2 millones de personas que están vinculadas directa e indirectamente con el sector, además de que los autos usados mexicanos depreciarán su valor, al aumentar la oferta de automóviles de uso.    

Sin lugar a dudas, lo más lamentable es que no se analizó el impacto económico que sufrirá uno de los sectores estratégicos más importantes de la economía del país, -como es el automotriz-, el cual, según datos de la Secretaría de Economía, representa el 3.37% del PIB nacional y el 15% de la Inversión Extranjera Directa.

¿Es realmente el decreto de AMLO una forma de poner punto final a un problema que México a arrastrado desde hace muchos años y que tiene serias consecuencias sociales o, ¿Se trata de otra estrategia para generar recursos adicionales, para financiar los tan criticados programas sociales? 

Lo cierto es que uno de los sectores estratégicos más importantes para la economía mexicana, como es el automotriz, está en riesgo. Los mexicanos esperamos que el programa se opere con responsabilidad, y tenga reglas claras, para que cause el menor daño posible en los aspectos económico y social.   

 

 

 

 

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