Información: José Andrés Pérez

Las micro pequeñas y medianas empresas MIPYMES, son la base de la pirámide productiva del país. De acuerdo a datos del INEGI, contribuyen con el 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y generan el 72% de los empleos en México. A pesar de su importancia en el ámbito socioeconómico nacional, continuamente enfrentan falta de liquidez en sus finanzas, debido -entre otros factores-, a las cuentas por cobrar que tienen con sus clientes, lo cual las obliga en muchos casos, a contraer créditos con intereses altos para hacer frente a los gastos de operación cotidianos, que en muchas ocasiones son incapaces de pagar. 

La falta de revolvente en estas organizaciones, es la responsable de que su crecimiento se estanque o sea muy lento, o bien, que no alcancen su punto de equilibrio en el tiempo esperado, lo cual invariablemente, las enfrenta a una crisis financiera difícil de superar, que, en muchos casos, termina con su salida del mercado.     

Además de lo antes comentado, la pandemia originada por el COVID-19, también ha impactado de manera significativa en las ventas, y por consecuencia en su flujo de efectivo, agudizando los problemas financieros que han arrastrado por años.   

Como una estrategia para poder ampliar su cartera de clientes y con ello, poder competir en el mercado, las MIPYMES se ven forzadas a firmar contratos con compradores, quienes les piden que les otorguen créditos a 30, 60, 90 y en algunos casos hasta 120 días.

Es en este escenario de desigualdad negociadora entre el comprador y el vendedor, en donde la empresa grande se financia de una MIPYME a través del crédito, fue que en el año 2019 la Asociación de Emprendedores de México ASEM, presentó al Senado el proyecto conocido como Ley de Pago a 30 Días.

Es importante destacar que no se trata de una iniciativa de ley de autoría mexicana; se trata de una iniciativa que ya opera en países como España, Chile, Reino Unido y Estados Unidos, entre otros, en donde se han obtenido excelentes resultados macroeconómicos, entre los que destaca el crecimiento del PIB.  

La Ley de pago en 30 días, se caracteriza por tener un carácter general que aplica para todas las empresas del país, sin importar su tamaño. Tiene su esencia en que las empresas compradoras del sector público y privado, deberán liquidar a sus proveedores en un plazo máximo de 30 días naturales, a partir de que hayan recibido la factura; de no hacerlo, se verán en la obligación de pagar un interés mensual, además de hacerse acreedores a una multa, equivalente a un porcentaje sobre el valor de la factura. Al tratarse de una iniciativa, no se tiene certeza sobre los montos definitivos de las sanciones y de las excepciones que tendrá.

A pesar de la importancia que tiene esta Ley para las empresas nacionales, ha quedado postergada en la agenda del senado, sin que, hasta el momento, haya sido discutida para su aprobación, enriquecimiento o rechazo.

Afortunadamente, en el mes de octubre del presente año, la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, hizo una propuesta ante las Comisiones Unidas de Economía, Comercio y Competitividad, de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, para impulsar esta Ley, para dar seguimiento a la propuesta hecha por la ASEM en el año 2019. 

 El camino para su aprobación no es fácil. La Ley requerirá revisar y en su caso modificar los Artículos 5°, 25 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como otras leyes generales, entre ellas el Código Civil de la Federación, el Código de Comercio, la Ley para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, además de enfrentarse a las presiones por parte de los organismos empresariales, quienes seguramente se sentirán afectados, al perder la oportunidad de seguir haciendo crecer sus negocios, en base al financiamiento que les otorgan sus proveedores. 

Sin embargo, de llegarse a aprobarse esta Ley, México no solo se incorporará al grupo de países de la OCDE que basan el crecimiento de su PIB en la productividad de sus MIPYMES, sino que también, fortalecerá el empleo formal y abonará al desarrollo económico y social del país, en un momento de crisis como el que vivimos, en el que urgen estrategias viables que promuevan el crecimiento empresarial.

 Por el bien de las MIPYMES y por el bien de México, confiamos en que habrá voluntad política y empresarial para reactivar la discusión y aprobación de la ley en el corto plazo, y con ello, fortalecer el crecimiento y desarrollo de las MIPYMES nacionales.