Información de: José Andrés Pérez
El pasado 19 de abril, las cámaras de diputados y de senadores aprobaron la reforma a la Ley Minera, -de manera puntual a los artículos 1, 5, 9 y 10-, con el propósito de que la explotación y aprovechamiento del litio, quedara a cargo de una empresa del estado. Con esta acción, cualquier compañía privada, ya sea nacional o extranjera, queda sin ninguna posibilidad de participar en alguna concesión para su extracción.
Es importante resaltar que, de acuerdo a los expertos en la materia, dicha aprobación no se trató de una “Nacionalización”, toda vez que el artículo 27 de la Constitución Política Federal de 1917, consagra que todos los minerales -incluido el litio-, son dominio de la nación. Debido a ello, la aprobación por el poder legislativo, se trató de una “Estatización”, término que se refiere a que solamente el estado - mediante un organismo público-, está facultado para realizar la explotación correspondiente.
En los últimos tiempos, el litio ha cobrado importancia a nivel mundial, debido a que es considerado como un mineral estratégico que puede desplazar en el corto plazo al petróleo, debido a que genera energías limpias. Actualmente se utiliza para fabricar medicamentos antidepresivos, en la industria nuclear, en la producción de baterías de telefonía celular, de computadoras, autos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía, entre otros usos.
La oferta mundial de litio se concentra principalmente en Chile, Argentina, Bolivia, Perú y Australia, por lo que las minas de México.
De acuerdo a Mining Technology, en el pueblo sonorense de Bacadéhuachi, con escasos mil habitantes, se encuentra el yacimiento de litio en roca más grande del mundo, mientras que el Servicio Geológico Mexicano (SGM), identifica yacimientos en 82 localidades de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí, lo cual puede posicionar a México como una potencia mundial.
Sin embargo, es importante mencionar que, en nuestro país, aún no se produce este mineral. Ninguna empresa mexicana lo explota y solo existen dos proyectos operando en la actualidad, los cuales se encuentran en la fase de exploración: se trata de Ganfeng Lithium y de Bacanora Lithium, con capital chino y canadiense respectivamente.
Estas empresas gozan de concesiones otorgadas por el gobierno federal, antes del sexenio obradorista, quienes han invertido millones de dólares en tecnología y en investigación, sin haber logrado aún, extraer y comercializar un gramo del litio mexicano.
El gobierno de López Obrador apoyado por la reciente modificación a la Ley Minera, ha visto en la explotación del litio nacional, un acontecimiento de la magnitud que en su momento tuvo la expropiación petrolera. Este optimismo del presidente, está fundamentado en la demanda creciente que existe en el mercado internacional; por los precios altos en que se cotiza la tonelada del mineral; por las expectativas internacionales en torno a los yacimientos mexicanos, en especial al de Bacadéhuachi, en el que se estima que se pueden extraer alrededor de 240 millones de toneladas del mineral, con un valor actual entre $70,000 y $75,000 dólares la tonelada
Además, el T-MEC significa otra gran oportunidad para su explotación. Las reglas de origen del sector automotriz, especifican que para poder gozar de la preferencia arancelaria que brinda el tratado, los vehículos y camiones ligeros deben tener un Valor de Contenido Regional VCR del 75%, mientras que los camiones pesados del 70%. Con ello, las baterías de litio se convierten en un negocio estratégico para México, además de fortalecer la cadena de suministro y los encadenamientos productivos entre empresas de este sector, que produzcan autopartes y que estén instaladas en México, Canadá y Estados Unidos.
En este contexto de optimismo por parte del gobierno de López Obrador, los expertos en mineralogía opinan que el panorama aún no es claro para pensar que la explotación de este mineral será un éxito, debido a que por el momento -por falta de investigación-, no existe un cálculo exacto de la cantidad de litio que poseen las minas nacionales, por lo que es erróneo asumir que México cuenta con las mayores reservas del mundo; la inversión que se requiere para la explotación de una mina es de muchos millones de dólares que se recuperarán en un plazo largo; el país no cuenta con la tecnología, ni con la experiencia para la explotación del mineral. En la actualidad, al no estar en producción ninguna mina, se desconocen los rendimientos de litio por tonelada de piedra, lo cual, en determinado momento, puede hacer que el proyecto no sea rentable como se piensa.
En adición a lo recién comentado, la viabilidad técnica y financiera del proyecto puede estar en riesgo por dos motivos. El primero se refiera a la experiencia actual que se tiene con PEMEX, con la CFE y con la empresa estatal encargada de la explotación de uranio; las tres son organizaciones administradas bajo el mismo esquema que propone la Ley Minera para el litio.
El segundo problema, se refiere a la postura que asumirá el gobierno federal con las dos empresas extranjeras mencionadas anteriormente, que gozan de una concesión para explotar las minas de litio en Sonora. La acción predecible será una cancelación de la misma por parte del gobierno de AMLO. De concretarse esta acción, el país se verá envuelto en demandas internacionales por muchos millones de dólares por concepto de indemnizaciones. Además de que esta cancelación, representaría una violación a los acuerdos del T-MEC, lo cual pondría en riesgo la continuidad de México en este tratado, también es un motivo de peso para que los inversionistas extranjeros, pierdan la credibilidad y la confianza para hacer negocios con México.
Todos los mexicanos esperamos, que este nuevo proyecto federal, alcance los objetivos técnicos y financieros planteados, para que se vean reflejados en el bienestar de la población, sobre todo en aquellos grupos vulnerables, que requieren de apoyo para mejorar su calidad de vida.
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